El cierre de compañías asociadas a la llegada del coronavirus a nuestro país ha sido una constante en el mundo empresarial desde que comenzara la pandemia. Autoridades, gobiernos y organizaciones han puesto en marcha numerosas medidas pero cada vez parece más difícil ponerle freno. Prueba de ello es que los concursos exprés, la vía rápida para cerrar empresas, se han disparado y superan por primera vez los concursos de acreedores ordinarios.
Las compañías que recurren a los concursos exprés ven inviable continuar el negocio y prefieren liquidarlo para no generar más deudas. Son empresas pequeñas y medianas empresas que no tienen patrimonio ni activos y que en su mayoría están relacionadas con los sectores que más han sufrido y sufren en este escenario de pandemia como el turismo y el ocio.
Muchas de estas empresas plantean la posibilidad de presentar un concurso de acreedores. Si bien, esta no es la primera ni única opción que debe barajarse, como indica Juan Ybarra gerente de Ideas Formación de Empresas en IB Magazine.
¿Qué es un concurso de acreedores?
Es un proceso judicial de ejecución colectiva destinado a solventar la situación de insolvencia del deudor que no puede hacer frente a sus obligaciones exigibles.
Ante esta situación la ley contempla, la posibilidad de que el deudor y sus acreedores alcancen en el seno de dicho procedimiento una solución que permita superar dicha insolvencia (convenio de acreedores); y en último lugar, no siendo posible alcanzar dicho acuerdo y deviniendo irreversible la situación de insolvencia, el concurso se convierte en un procedimiento encaminado a una ordenada liquidación de los activos del concursado a fin de satisfacer con su resultado, en la medida de lo posible, a los distintos acreedores.
Como todo procedimiento se encuentra reglado y sujeto a fases y plazos inexcusables para su tramitación, como indica el abogado Sebastián Martorell invitado en el programa de hoy
Asimismo, dado su carácter judicial, se desarrolla bajo la supervisión de un órgano jurisdiccional especializado (Juzgado de lo Mercantil) asistido de un órgano independiente (Administración Concursal).
Además de las soluciones previstas para tramitar y solventar los supuestos de insolvencia a través del procedimiento concursal, resulta cada vez más habitual admitir mecanismos ajenos al procedimiento judicial como instrumentos válidos, adecuados y suficientes para superar situaciones de insolvencia.
De esta manera se pretende lograr flexibilidad y agilidad en la respuesta, de manera que la demora inherente a su judicialización no sea un lastre para su solución. Un interesante momento para reflexionar sobre el futuro de nuestra empresa y para encaminar soluciones.
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