A.P.E.A.M. lamenta y refuta las declaraciones alarmistas y las críticas infundadas vertidas por entidades del sector de reciente creación, las cuales, lejos de ajustarse a la realidad económica y regulatoria, buscan perpetuar prácticas que comprometen la calidad, la seguridad y la imagen de excelencia de nuestro destino.
A.P.E.A.M. considera fundamental corregir la falacia económica de presentar los activos de las empresas de chárter (buques y embarcaciones) como unidades de alto riesgo de pérdida de valor.
A diferencia de vehículos terrestres sujetos a una rápida depreciación, las embarcaciones de uso comercial son, por su propia naturaleza, unidades de inversión. Su valor se mantiene e incluso puede revalorizarse con el tiempo, siempre y cuando se gestionen y mantengan adecuadamente.
Esta característica única se refleja en que son el único bien no inmueble legalmente hipotecable. Por ello, cualquier declaración que sugiera una «pérdida millonaria» de activos no amortizados en caso de cese de actividad es engañar a la opinión pública. Los activos, con una correcta gestión, mantienen su valor en el mercado.
La base de este mantenimiento de valor es precisamente la obligación de disponer de un puerto base. Esta medida es crítica para garantizar que las embarcaciones puedan ser sometidas semanalmente a las tareas de revisión, reparación y limpieza, asegurando los máximos estándares de calidad y seguridad a lo largo de toda la temporada estival.
El sector náutico balear no es una isla. Las caídas en los ingresos y en las matriculaciones de chárter son una tendencia generalizada en todo el arco Mediterráneo español, muestra e la situación y escenario a que se ve sometió en la actualidad del sector en retroceso desde máximos) y no pueden achacarse a un decreto que entró en vigor avanzado el ecuador de la temporada.
La propia Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) ha informado repetidamente sobre la desaceleración del chárter. Su informe de noviembre confirma un descenso interanual del 20% en matriculaciones de alquiler a nivel nacional. La caída afecta especialmente a las matriculaciones de embarcaciones de más de 16 metros (-32%) y a las de esloras hasta 6 metros (-23,5%).
Como indica ANEN, el mercado está experimentando una «estabilización y ajustes lógicos» tras el impulso extraordinario de la pandemia, buscando ahora una «mayor normalización de la demanda«.
A esto se suma la realidad del contexto turístico actual de las Illes Balears. Pese al récord de llegadas, el gasto efectivo por turista ha caído, con estancias más cortas y una facturación en la economía local que ha disminuido drásticamente. El chárter náutico no puede sustraerse a esta racionalización generalizada de la demanda turística.
El decreto, lejos de causar la caída, es una respuesta necesaria y proactiva para establecer mínimos de calidad que fortalezcan el sector y lo hagan menos vulnerable a los riesgos externos de contracción económica y racionalización de la demanda.
El nuevo decreto tiene la virtud de dotar de mayor seguridad jurídica a la actividad, poniendo fin a prácticas que ya eran irregulares bajo la normativa anterior
El decreto clarifica de forma explícita que la venta «plaza a plaza» no está permitida. A.P.E.A.M. recuerda que la Abogacía del Estado ya había justificado que esta modalidad no era legal bajo la regulación previa en Illes Balears. Esta actividad es minoritaria y residual, y su exclusión no impacta al grueso del sector legalmente establecido.
La normativa de seguridad de la Unión Europea (Directiva Comunitaria, vigente desde 1994 y actualizada) establece que el Marcado CE de las embarcaciones de recreo no les da amparo, sin más requisitos, para transportar pasajeros con fines comerciales, independientemente del número.
Las actividades de transporte de pasajeros con fines comerciales (excursiones con itinerarios prefijados, o transporte punto A a B, como llevar senderistas o clientes a restaurantes) realizadas por embarcaciones de lista sexta únicamente con marcado CE y sin la preceptiva homologación comercial, estaban navegando sin amparo normativo de la Unión Europea. Un decreto autonómico no puede legalizar ni permitir lo que contraviene una Directiva Comunitaria de rango superior.
La obligación de tener un punto de atraque base y una ubicación legal de embarque y desembarque es una exigencia de calidad y seguridad que emana de la legislación estatal, no un capricho autonómico:
La vigente Ley de Navegación, de ámbito nacional, prescribe que el fondeo fuera de las zonas de servicio de los puertos está reservado a las embarcaciones dedicadas exclusivamente al recreo, y sólo es posible en calas y zonas de baño. No debiendo obviar que los puertos de competencia autonómica sin tráfico comercial de ferrys carecen de aguas de servicio exteriores al abrigo, conocidas como ZONA II de aguas portuarias.
El Reglamento de la Ley de Costas establece que la autorización de puntos de atraque, embarque o desembarque en costa para actividades comerciales fuera de la zona de servicio de los puertos está limitada a las embarcaciones destinadas a excursiones marítimas turísticas costeras (golondrinas) y requiere autorización de la correspondiente administración.
La actividad de embarque/desembarque de clientes de chárter náutico fuera de las zonas de servicio portuarias no está contemplada ni permitida por la legislación nacional, la cual rige en todo el Estado Español. El decreto balear solo recoge y refuerza estos principios ya vigentes.
A.P.E.A.M. reitera que el nuevo decreto es una medida de ordenación y fortalecimiento que garantiza un mayor nivel de servicio, la seguridad de los clientes y la mejora de la experiencia.
Ordenar y establecer mínimos que eleven la calidad de la oferta del chárter náutico es una asignatura pendiente que se ha cumplido, haciendo al sector más robusto y menos vulnerable. Por ello, A.P.E.A.M. apoya firmemente esta regulación que busca poner fin, de un modo más claro, a formas de trabajar irregulares y asegura que nuestro sector se desarrolle con la excelencia y el rigor que Illes Balears merece.
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